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JEFE DE GOBIERNO, o sea, quien
precisamente debe gobernar; lo que implica dirigir un país o
una colectividad política de acuerdo con el llamado Estado de
Derecho, bajo el imperio de la Constitución y de las leyes. En
tal virtud y en mi calidad de ciudadano, de elector, de
gobernado y por supuesto de jurista me permito reflexionar al
tenor siguiente. Hay un gran desconcierto e incertidumbre en
las horas que corren, los cuales culminan esta mañana del
jueves 7 de abril de 2005, por la inminente declaración de
procedencia que emitirá el pleno de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión en perjuicio del Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México. Al respecto el alto funcionario ha declarado
en repetidas ocasiones que no solicitará ante la autoridad
judicial la libertad bajo caución, teniendo derecho a ella ya
que no es grave el delito cuya comisión se le imputa, y que
tampoco recurrirá a la vía del amparo con el objeto de que se
suspenda la ejecución de una posible orden de aprehensión para
ponerlo en manos de un juez. En cambio ha convocado a sus
partidarios y seguidores a manifestaciones en la calle, a
protestas en la vía pública, con el gravísimo y evidente
riesgo de un dramático conflicto social. Yo creo como tantos
mexicanos que esa es una estrategia política equivocada que no
guarda relación con la legalidad.
En efecto, habida cuenta de las circunstancias, de los
hechos concretos, por qué el Jefe de Gobierno, que insiste en
su inculpabilidad, en su inocencia, alegando que hay un
complot para aniquilarlo, una confabulación manipulada por el
Gobierno Federal para descalificarlo como aspirante a la
Presidencia de la República, no pide, si es que el pleno de la
Cámara de Diputados opta por aquella declaración, el amparo y
protección de la Justicia Federal ante la virtual orden de
aprehensión que lo pondría a disposición de un juez. Si lo
hace logrará a mi juicio dos cosas: primera, evitar la
suspensión de su derecho o prerrogativa de poder ser votado
para un cargo de elección popular (en el caso el de Presidente
de la República), ya que no se hallaría sujeto a un proceso
criminal (fracción II del artículo 38 de la Constitución), y
segunda no ser separado de su encargo de Jefe de Gobierno por
no estar sujeto a proceso penal (artículo 111 de la
Constitución); contando además con la oportunidad de probar su
inocencia, tan pregonada por él, durante la tramitación del
juicio de amparo. Añado, con el propósito de desvirtuar un
error muy difundido, que si el pleno de la Cámara de Diputados
decide votar a favor de la declaración de procedencia no por
ello cesará automáticamente en sus funciones el Jefe de
Gobierno, porque el artículo III constitucional que ya he
citado dice en lo conducente: "El efecto de la declaración de
que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de
su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal´´. Y no estará
sujeto a proceso en estricto derecho sino hasta que el juez
así lo resuelva. En consecuencia clara y evidente el amparo
podría impedir esa sujeción.
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Ahora bien, para qué armar el alboroto en las calles. Yo
sostengo que no hay mejor protesta, en caso de considerarse el
individuo víctima de una injusticia, que recurrir a la
legalidad y al Derecho. En especial si se aspira a la
Presidencia de la República, pues quien pretende fungir como
estadista no puede, no debe, darse el lujo, sobre todo si
tiene en su haber un importante flujo de posibles votos, de
desdeñar la legalidad y la constitucionalidad. No dudo ni un
segundo que el Gobierno Federal ha aprovechado en su beneficio
la situación por la que atraviesa el Jefe de Gobierno para
llevar agua a su molino. He incluso para llevarla con una
marcada dosis de perversidad. Por eso mismo si el Jefe de
Gobierno se sabe inocente que no deje asar por alto la
oportunidad de demostrar a sus simpatizantes, al pueblo en
general, que no es el demagogo, ni el populista, ni el
"chavista´´, señalado con índice de fuego por sus enemigos y
por un crecido número de mexicanos, que irresponsablemente
concita a la manera del aprendiz de brujo una tormenta
política de consecuencias casi impredecibles. Que esgrima en
vez de la sin razón de las turbamultas callejeras las armas
que el Derecho pone en las manos de cualquier ciudadano. Si
logra hacerlo, si se convence de la importancia de ello,
divulgará un discurso que México reclama con urgencia y
demostrará que cuenta con las necesarias agallas de candidato
consciente y patriota. |
