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“Para qué tanto brinco estando el piso tan
parejo”, reza un conocido refrán mexicano. No es
cosa de que “entre abogados te veas”, ni de
leguleyos, ni de picapleitos o de tinterillos,
ni mucho menos de rábulas indeseables. Es cosa
de la verdad legal y de la evidencia de la Ley
Suprema, o sea, de la Constitución. Sin embargo
brincan conspicuos funcionarios públicos y
alegan letrados en medio de tales brincos. Pero
yo le ruego, le suplico, al amable lector que
simple y llanamente lea el artículo 111
constitucional en su párrafo séptimo y que luego
me diga si la opinión por más respetable de un
sub Procurador, de un Secretario de Gobernación
o incluso de un Presidente de la República, lo
puede o podría alterar. Y algo más, qué grave,
qué grave, que el manipuleo o el desconocimiento
de la ley, buscando interpretar lo
ininterpretable, lleve al absurdo y a la
prepotencia del poder. Sostengo que al margen,
muy al margen, de que el Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México haya o no cometido el delito de
abuso de autoridad lo cierto y legal, acorde al
Derecho, es que su acción sea calificada con
riguroso apego a las normas jurídicas. No hay
que darle tantas vueltas al asunto y llevar el
enredo hasta la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para que los ministros dejen sus
complicados y abstractos quehaceres, dedicándole
sesudas disertaciones al hecho de que dos más
dos son cuatro.
No hay la menor duda, Andrés Manuel
López Obrador es hasta el momento de escribir
las presentes líneas Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México. Cualquier buen estudiante de
Civismo sabe que por encima de la Constitución
no puede estar ninguna ley. En tal virtud el
artículo 111 que cito es contundente al declarar
que el efecto de la declaración de procedencia,
mal conocida como desafuero, será “separar al
inculpado de su encargo en tanto esté sujeto a
proceso penal”. ¡Para qué los brincos! López
Obrador no se halla sujeto a proceso penal y
suena extraño que se insista tanto en que si se
atreve a pisar siquiera el borde de sus
oficinas, despachando asuntos de gobierno en
ellas, será responsable de la comisión del
delito de usurpación de funciones por lo que el
Ministerio Público solicitará del juez
competente, y de manera inmediata, una orden de
aprehensión en contra suya. Y más extraño suena
eso de que agotada la vía legal se podrá buscar
una “solución política”. Lo político en el más
elevado sentido de la palabra es que se respeten
la constitucionalidad y la legalidad, no
torciendo o desviando el sentido de ellas. Y es
desviarlo y torcerlo pretender hacer lo que la
ley no contempla.
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Ojalá no se
caiga en el desatino de romper, ahora sí, uno de los hilos más
finos del deteriorado Estado de Derecho. La verdad de a libra
es que mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación no
resuelva lo conducente en cuanto a las controversias
constitucionales interpuestas por la Asamblea de
Representantes del Distrito Federal y por la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, el caso de Andrés Manuel
López Obrador se encuentra “sub judice”, o sea, pendiente de
una decisión judicial del más alto tribunal de la República. Y
así es inconcebible suponer que el juez dicte una orden de
aprehensión en contra de aquél. Uno se pregunta, al efecto,
por qué se quiere tapar el sol con el dedo, siendo el sol el
párrafo séptimo del artículo 111 constitucional. ¿Por qué
tanta insistencia en la posible comisión de un nuevo delito a
cargo del Jefe de Gobierno? El sentido común, que de acuerdo
con Aristóteles es casi siempre el menos común de los
sentidos, nos dice que hay algo muy raro en ello. Algo ajeno o
contrario al Derecho viéndose con claridad el afán desmedido,
que nada tiene que ver con al justicia, de sacarlo
abruptamente de la carrera presidencial. Y la sola pretensión
de lograrlo por el camino que se ha elegido echa por tierra el
tan pregonado, tristemente pregonado, cambio que va
supuestamente de la mano de una renovación democrática.
¡Cuidado! No se debe jugar con fuego y menos aún buscar
comprometer al Poder Judicial Federal, a un juez de Distrito
al que se le pide, al que se le reclama prácticamente a gritos
que dicte una orden de aprehensión inconstitucional y por ende
violatoria de garantías individuales.
En suma, deben
prevalecer el Derecho y el bueno tino político. Lo contrario
va a traer a corto o a largo plazo, pienso que más bien a
corto, un torrente de críticas que perjudican al mal llamada
transición (en ruinas y desmadejada). Críticas dentro del país
y desde fuera de él. |
